Es preciso considerar en cualquier análisis la ruralidad como una intersección más. La desigualdad entre el campo y la ciudad no es una novedad acaecida a causa de la pandemia COVID-19, sino que se trata de un problema estructural que arraiga en la concentración de capitales en núcleos urbanos propia del capitalismo tardío, así como en las dinámicas colonialistas y patriarcales en cuanto al reparto y acceso a la tierra e insumos, a los alimentos y al trabajo.
El virus no ha hecho sino agrandar las grietas de un sistema de producción agroalimentaria insostenible engrasado con el sudor y la sangre de las mujeres, en especial de las migrantes racializadas y las habitantes del Sur Global. Para ellas, su trabajo productivo, reproductivo y comunitario, aun esencial, les es escasamente reconocido y nulamente retribuido; hasta el punto de no tener siquiera acceso a los alimentos que ellas mismas producen.
El despoblamiento ha repercutido en muchas áreas rurales de todo el globo en una falta aún mayor de servicios básicos para los cuidados y la atención sanitaria que, sumada a la brecha digital, se ha hecho especialmente patente con la crisis sanitaria. Por otro lado, el acceso al agua potable y a los alimentos se ha restringido también para las mujeres que trabajan la tierra.
Además, las ya deplorables condiciones laborales y habitacionales de la creciente mano de obra jornalera, en su mayoría migrante, se han evidenciado incompatibles con el mantenimiento de las medidas de bioseguridad básicas para la contención del virus.
El tema de las @JornalerasL ha sido ignorado por los grandes medios, pero nos es imposible ignorar las múltiples violencias que se sufren por nuestros alimentos. #GoteoPalJornal #ComeConDerechos
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Cambios en la coyuntura de los mercados
A lo largo del mundo, las mujeres tienen un papel clave en las conexiones entre los productores pobres y los mercados urbanos y periurbanos y esto ha influido enormemente en la mella que ha hecho la pandemia en su situación. Por ejemplo, en África Occidental, las medidas de contención repercutieron en la movilidad, y en consecuencia, en el abastecimiento de las ciudades por parte de las zonas de producción, y esto afectó en especial a las mujeres ya que el 90% de los puestos de alimentos y productos agrícolas en esa zona están a su cargo. Así, se han visto impedidas de realizar otras actividades agrícolas y de devolver los préstamos recibidos de las asociaciones de préstamo y ahorro de las aldeas. Estamos hablando de pequeñas productoras que han quedado aún más empobrecidas y endeudadas.
¿Qué pasó en nuestro país? Con la publicación del Real Decreto-Ley por el que se declaraba el Estado de Alarma, todo el sector agroalimentario pasó a considerarse una actividad esencial. Asimismo, se arbitraron a nivel de la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una serie de ayudas para el sector primario. Sin embargo, las mujeres no pudieron acceder plenamente a ellas. Pese a los esfuerzos políticos realizados a través de la Ley de Titularidad compartida, por la que se pretendía fomentar la cotitularidad de la tierra entre ambos cónyuges, a día de hoy el 80% de las explotaciones son exclusivamente de hombres. Así, nos encontramos con que no se reconoce oficialmente la especial vulnerabilidad de estas pequeñas productoras que ya cargaban con la losa de no recibir un salario, ni de cotizar por su actividad productiva (ya que su trabajo en explotaciones familiares se tiende a considerar por las mismas como extensión de su trabajo doméstico), ahondando en su dependencia económica y endeudamiento.
Entre las 800 millones de niñas que durante la pandemia no pudieron acudir a clase es posible que muchas fueran efectivamente desplazadas de los estudios a este trabajo doméstico para sustituir a otras cuidadoras enfermas, fallecidas o dedicadas a un trabajo relacionado con la pandemia. #COVID19
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Trabajo doméstico y de cuidados
Tal y como abordamos en este artículo, la carga de trabajo doméstico de todas las mujeres se multiplicó debido al confinamiento. Al quedar los niños en el hogar sin poder acudir a la escuela, fueron sobre todo mujeres las que adoptaron el teletrabajo para solaparlo con los cuidados y con la ayuda para realizar las tareas escolares a sus hijos.
¿Pero qué ocurrió en las zonas rurales? Hemos de tomar en cuenta que están desprovistas de toda serie de infraestructuras ya de antes de la pandemia y, en particular, afectadas por una profunda brecha digital que abarca no solo la falta de disponibilidad de banda ancha sino de cultura digital. Así, conviene recalcar que las mujeres de los pueblos ya estaban sobrecargadas de trabajo doméstico y comunitario debido a la falta de servicios como guarderías, residencias de ancianos, hospitales y centros educativos. También se incluye como trabajo doméstico en el medio rural a la búsqueda de agua en aquellas áreas en las que esta no es accesible, cuestión que se tratará más adelante en el texto.
Pero no sólo a las adultas afectó esta sobrecarga. Según este artículo publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet, entre las 800 millones de niñas que durante la pandemia no pudieron acudir a clase es posible que muchas fueran efectivamente desplazadas de los estudios a este trabajo doméstico para sustituir a otras cuidadoras enfermas, fallecidas o dedicadas a un trabajo relacionado con la pandemia.
Por otro lado, el cierre de los centros de atención sanitaria ha supuesto también una sobrecarga de trabajos de cuidados sobre las mujeres rurales a cargo de personas discapacitadas, así como un despliegue de violencia capacitista y obstétrica que se tratará en este mismo artículo.
Brecha digital
Si bien la carga de cuidados-educación fue mucho más acusada para las mujeres rurales, se le suma, como hemos comentado, el factor de que en muchos casos tampoco habían tenido acceso a una educación para el uso de las TIC en condiciones como resultado de dicha brecha digital rural superpuesta a la ya existente brecha digital de género y entre países. Además, la brecha digital ha repercutido en la mayor infoxicación y difusión de bulos sobre la pandemia entre las personas menos familiarizadas con el uso de Internet por cuestiones de accesibilidad, lo que resulta preciso abordar en un artículo más extenso. Y obviamente, la situación se agudiza en regiones menos desarrolladas que la occidental. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señala que sólo el 6% de la población mundial tiene acceso a Internet y la mayor parte de los afectados por la brecha digital son personas que viven en zonas rurales de países en desarrollo. En Abya Yala, la población total con acceso a Internet solo abarca el 65%, frente al 35% de las que viven en zonas rurales. En el África al Sur del Sáhara y el sur de Asia habita más del 30% de la población mundial y se ubican uno de cada mil hosts instalados en el mundo, pero aporta sólo un 3% de usuarios de esta red. De nuevo, la FAO estima que esta brecha digital se abrirá aún más como consecuencia de la pandemia, acrecentando las contradicciones y desigualdades entre el Norte y el Sur.
Debido también a ciertas prácticas socioculturales patriarcales en las que el hombre de la casa come el primero y recibe los mejores alimentos siempre han sido las mujeres y niñas las más afectadas por las hambrunas, como la que ha traído la #COVID19
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Injusticia hídrica e inseguridad alimentaria
La pandemia ha hecho evidente la enorme brecha de recursos que, en un marco capitalista a nivel global, ya existía entre el campo y la ciudad, entre hombres y mujeres y entre el Norte y el Sur.
En primer lugar, cabe reseñar la falta de infraestructuras para el abastecimiento de agua característica de países como Zimbabwe, donde las mujeres que se encargan de su recogida (como una dimensión de su trabajo doméstico) se encuentran especialmente expuestas al COVID-19 en los pozos y fuentes. En Sudáfrica, la policía ha prohibido esta recogida de agua a las mujeres, que se han visto obligadas a hacerlo de noche, contra las medidas de biocontención y con mayor exposición a la violencia de género y a la extorsión sexual. Además, resulta especialmente sangrante para los derechos humanos de las personas de cualquier género esta injusticia hídrica en unas condiciones en las que el lavado de manos se hace esencial como medida de prevención frente al virus.
A esta falta de insfraestructuras hídricas se le suma la inseguridad alimentaria, que ya tenía cara de mujer. Tal y como señala la FAO, en otras crisis sanitarias que amenazaron el abastecimiento de alientos como el Ébola o la aún no superada infección por VIH, los hogares empobrecidos tendían a comprar menos alimentos y lo mismo ha ocurrido con la COVID-19. Así, y debido también a ciertas prácticas socioculturales patriarcales en las que el hombre de la casa come el primero y recibe los mejores alimentos siempre han sido las mujeres y niñas las más afectadas por las hambrunas. Por otro lado, la tensión familiar causada por el hambre tiende a recrudecer la violencia de género. Resulta cuanto menos irónica esta tendencia, habida cuenta que son las mujeres, especialmente las no occidentales, quienes tienen un papel clave en la producción agroalimentaria, en la mayor parte de las veces, como hemos dicho, no reconocido social, económica ni jurídicamente.
Recrudecimiento de la violencia de género
Todos los factores ya mencionados relacionados con el empobrecimiento de las mujeres, la mayor ligadura al hogar, la tensión intrafamiliar debida a las circunstancias del confinamiento y al hambre, entre otros, han supuesto el caldo de cultivo perfecto para el recrudecimiento de la violencia de género para todas las mujeres pero, de nuevo, en las zonas rurales han ocurrido fenómenos singulares.
Así, la FAO advierte de una mayor incidencia de explotación sexual de mujeres y niñas, obligadas a prostituirse para hacer frente al hambre en un medio rural con inexistentes estructuras de asistencia sanitaria y jurídica. Volviendo sobre la prohibición policial de la recogida de agua realizada por las mujeres sudafricanas, esto ha supuesto que las mujeres se expongan a riesgos adicionales de sufrir violencia sexual al tener que acudir a los pozos en la clandestinidad del ocaso. Por otro lado, la pobreza y el cierre de la escuelas ha aumentado el número de casos de matrimonios infantiles, especialmente en zonas rurales de países colonizados. Además, se ha retrocedido en la lucha contra la mutliación genital femenina, con lo que se estima que debido a la pandemia habrá dos millones más de casos de mutilación genital femenina en la próxima década.
Finalmente, el cierre de centros de salud y hospitales ha supuesto el entorpecimiento del acceso a derechos fundamentales como el aborto en países donde la legalización del mismo ha sido relativamente reciente, como Colombia, lo cual ha afectado desproporcionadamente a las mujeres de los medios rurales. Esto resulta especialmente sangrante habida cuenta que 47 millones de mujeres han visto reducido el acceso a anticonceptivos modernos debido a la pandemia, lo que conllevan de manera estimada 7 millones de embarazos no deseados.
La pandemia no ha supuesto ninguna novedad, simplemente ha recrudecido las desigualdades entre el campo y la ciudad, entre el Norte y el Sur, entre hombres y mujeres, entre blancos y no blancos y ente ricos y pobres.
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La temporeras, de nuevo en pie de lucha
No podía cerrarse esta entrada sin volver a abordar de nuevo en este portal la situación de las temporeras, esta vez debido a la pandemia. Ya en su momento denunciamos su precaria situación relacionada con barreras como el racismo estructural, el idioma, o la inestabilidad laboral que conlleva la migración circular por la que volverían a su país de origen al acabar la cosecha. Así, llevan años sufriendo una violencia durísima en forma de explotación laboral e incluso abusos sexuales en las fincas que no han podido denunciar y han sido silenciados a nivel institucional, hasta el punto que la respuesta por parte del departamento ministerial competente en Agricultura ha sido lavar la imagen del sector mediante la financiación de planes de promoción de la fresa ya en 2017, sin tomar los abusos laborales un criterio para no considerar dichos planes como de utilidad pública.
Además, las y los temporeros han sufrido desde siempre unas condiciones habitacionales infrahumanas, viviendo hacinados en chabolas dispuestas por las propias empresas latifundistas y sin acceso a sistemas de agua y saneamiento dignos. Esta cultura favorece la vulnerabilidad de estas personas y, consecuentemente, su explotación, que aceptan unos altísimos riesgos laborales a cambio de un salario ridículo y un techo hecho de palets y plástico de invernadero. Por otro lado, el aislamiento de estos asentamientos de núcleos urbanos facilita unas condiciones de obscurantismo perfectas para abusos de toda índole, ya sea laboral, como sexual e incluso el control del libre movimiento de las trabajadoras por parte de los patronos una vez finalizada la jornada de trabajo.
La situación se explica no sólo en los bajos salarios y el precio del alquiler, sino por la negativa por parte de los rentistas a alquilar viviendas a estas personas por racismo. El rechazo blanco llega a tal extremo que en algunos de los asentamientos de chabolas se han provocado incendios a conciencia por deseo de exclusión, que han desplazado a los temporeros de Huelva. Esto ha precipitado iniciativas de autogestión y resistencia como la plataforma ASNUCI, que se lanzaron a construir su propio albergue autogestionado (garantía habitacional que debería correr a cargo de la empresa empleadora, por otro lado).
En este contexto de pandemia, tal y como denuncian desde asociaciones como Temporeras en Huelva en Lucha, las medidas de higiene tales como el lavado de manos o el mantenimiento de las distancias de seguridad se hacen imposible con este déficit de infraestructura, a lo que se suma el hecho de que las empresas no están proporcionando a sus trabajadores mascarillas ni guantes tal y como se establece por la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Para colmo, las empresas obligan a sus trabajadores a depositar sus dispositivos móviles en una caja a la entrada de las explotaciones, dificultando la obtención de imágenes para la denuncia. Sin embargo, 7 de cada 10 inspecciones de trabajo realizadas desde mayo de 2020 han sido sancionadas, lo que ha supuesto 1669 actas de infracción, 393 de ellas en lo que respecta a las medidas anti-COVID.
Finalmente, se ha de mencionar que si bien el Ministerio de Agricultura estableció una flexibilidad para migrantes cuyo permiso de trabajo acabara entre la declaración del Estado de Alarma y el 30 de septiembre de 2020 y jóvenes regularizados de entre 18 y 21 años, todos los procesos de regularización se han visto suspendidos de manera extraordinaria dejando aún más desamparados a la población migrante, en particular aquella que se dedican a trabajos informales como las trabajadoras domésticas, cuidadoras, y temporeras. Son evidentemente diseñadas en favor de la agroburguesía para compensar el déficit de mano de obra agrícola, muy lejos de las reivindicaciones en materia de de la campaña #RegularizaciónYa que abogan por que se reconozca la ciudadanía a todas las personas migrantes residentes en España con el fin de acceder a las medidas de emergencia decretadas a raíz de la pandemia como las ayudas económicas, a las cuales no han podido acceder por su situación administrativa.
Conclusiones
El modelo de producción agroalimentaria en un mundo globalizado se ha demostrado insostenible desde hace mucho tiempo, ya que engrasa sus engranajes con el saqueo a los pequeños productores, el destierro de los campesinos de la misma tierra que labran y de la explotación del trabajo de las mujeres y las personas migrantes y racializadas.
Las medidas reformistas implantadas, desde la propia política agraria común no son suficientes ni mucho menos sin la expropiación de los medios de producción que atan al campesino a una situación de vulnerabilidad económica y social que roba su plusvalía y que genera riqueza al terrateniente a coste de cientos de vidas que no importan más que el servicio que dan. Se trata a la mano de obra como una máquina de producción servil porque no le queda otro remedio, porque se la ata al mismo tiempo a unas leyes racistas y capitalistas que le sitúan en una posición imposible.
Todo esto es aún más significativo cuando se trata de las mujeres, que muchas veces son violentadas de formas inimaginables en estos empleos ya que si hablan de las agresiones sufridas, van a ser ignoradas y acalladas por una sociedad cómplice que no piensa en dónde sale la comida que se distribuye en los supermercados de las ciudades. Porque la sociedad prefiere seguir impasible a todas estas violencias con tal de no tener que cuestionar que lo que nos aliment, es un producto manchado con el sudor y la sangre de cientos de miles de personas en su mayoría migrantes y/o racializadas.
La pandemia no ha supuesto ninguna novedad, simplemente ha recrudecido las desigualdades entre el campo y la ciudad, entre el Norte y el Sur, entre hombres y mujeres, entre blancos y no blancos y ente ricos y pobres.
Bibliografía
- Burzynska, K. y Contreras, G. (2020). Gendered effects of school closures during the COVID-19 pandemic. The Lancet .
- Ciudades Amigas. Ser niña durante la pandemia: aumentan los casos de matrimonios infantiles, embarazos, violencia y mutilación genital
- Gloria López, AMECOPRESS: Temporeras en Huelva: sin mascarillas, ni guantes, ni agua, ni distancia de seguridad
- Jessica Duncan y Priscila Claeys: Las cuestiones de género, la COVID-19 y los sistemas alimentarios: Impactos, respuestas comunitarias y exigencias políticas feministas
- José A. López Ruiz (2008) Brecha digital y de género rural en España
- Lucía Muñoz Lucena. Un nuevo incendio arrasa con el asentamiento de chabolas de Palos de la Frontera. El salto Diario
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Condiciones de viday posición socialde las mujeres en el medio rural
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para dar respuesta a la crisis generada por la COVID-19
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): Efectos de la COVID-19 en hombres y en mujeres y respuestas políticas equitativas en el ámbito de la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición.
- ONU Mujeres: COVID-19: Nuevos datos revelan que sólo uno de cada ocho países de todo el mundo ha adoptado medidas para proteger a las mujeres contra los impactos sociales y económicos
- Pedraza Bucio, Claudia. (2021). La brecha digital de género como vértice de las desigualdades de las mujeres en el contexto de la pandemia por Covid-19. LOGOS Revista de Filosofía.
- #RegularizaciónYA
- Sergio Luis Mondragón Duarte, Lina María Parra Granados (2020). La interrupción voluntaria del embarazo como derecho de acceso restringido en el marco de la COVID-19.
Rebelión Feminista 